Contraloría detecta perjuicio para el Estado en cerca de $ 5,2 millones en contrato de pozo petrolero

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La Contraloría General del Estado realizó un examen especial (informe DAS-0045-2017) al proceso de adjudicación del pozo petrolero Singue, ubicado en Sucumbíos. El documento oficial del órgano de control revela una serie de irregularidades en la negociación y firma de contrato de prestación de servicios entre el Estado ecuatoriano y el Consorcio DGC.

El contrato fue firmado el 21 de marzo de 2012 por el entonces ministro de Recursos No Renovables, Wilson Pástor. El informe de Contraloría destaca que en el Comité de Licitación de este contrato participaron el vicepresidente Jorge Glas; el entonces gerente de Refinación de Petroecuador, Carlos Pareja Yannuzzelli; y María Lorena Espinoza, coordinadora jurídica del Ministerio de Recursos No Renovables.

La entidad de control puntualiza que este comité aprobó el informe que recomendó la adjudicación del contrato al consorcio DGC y a la compañía Gente Oil Ecuador Pte. Ltd. Esta última empresa estuvo gerenciada por Silvana Pástor, hija del exministro de Recursos No Renovables. Contraloría detectó en su examen que el equipo negociador del contrato calculó la tasa interna de retorno sin un sustento legal: Solo el 80% y no el 100% de las reservas probadas remanentes oficializadas de este pozo entraron en el contrato, previsto para 20 años de adjudicación. Según la Contraloría, al 30 de septiembre de 2016 se explotó el 144% de lo previsto para 20 años.

El contrato tenía previsto que en ese lapso se extrajeran apenas 2.04 millones de barriles de petróleo. La sobreexplotación alcanzó el 244%. Y a pesar de que la contratista anualmente informó sobre sus cifras de explotación, la Secretaría de Hidrocarburos nunca tomó acciones para renegociar la tarifa. Así se detectó un perjuicio para el Estado que se cifra en cerca de $ 5,2 millones que fueron pagados al consorcio DGC y a la compañía Gente Oil Ecuador Pte. Ltd.

Otros aspectos del informe

Lo primero que detecta la Contraloría es que el Comité de Licitación Hidrocarburífera (COLH) de la Décima Ronda Petrolera dispuso a la Secretaría de Hidrocarburos la elaboración de los documentos precontractuales sin la certificación del mapa de bloques petroleros 2011 que da el Instituto Geográfico Militar. De esa forma, la convocatoria aprobada el 16 de junio de 2011 no tenía delimitada correctamente las áreas de explotación.

Lo segundo que identifica la Contraloría y que consta en el examen especial realizado al período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de septiembre de 2016, es que el contrato con el Consorcio DGC se firmó pese a que miembros del equipo negociador recomendó al COLH que la empresa no tenía las certificaciones referentes al financiamiento.

El Estado ecuatoriano, en esa época, decidió cambiar el modelo de sus contratos petroleros para pasar de uno de participación a otro de prestación de servicios. El pozo Singue estaba dentro de la lista de pozos marginales. Cuando se cambió el modelo de negocio petrolero a su anterior administradora privada no aceptó las nuevas condiciones. Petroecuador no demostró interés en explotarlo, por lo que se llamó a licitación nacional e internacional ya convertido en bloque.

La Contraloría concluye que el secretario de Hidrocarburos no recomendó al ministerio del ramo la suscripción de un contrato modificatorio para revisar los términos y condiciones económicas de la tarifa, sin precautelar los intereses del Estado. Además pide que el COLH disponga al secretario de Hidrocarburos que analice los incumplimientos en la licitación del bloque Singue para que se determine la aplicación de procedimientos legales. (I)

EL TELÉGRAFO